El paro, una emergencia nacional
El paro es
invariablemente la preocupación nº 1 de los españoles según todas las encuestas
del CIS. Recientemente hemos conocido el dato de que el
paro ha bajado la ridiculez de 31 personas en el mes de agosto en toda España,
y en plena campaña de turismo. Finalizado el verano y la temporada turística ya
nos podemos preparar para los datos del paro de este mes de septiembre y de
octubre.
Como no
podría ser de otro modo, el anuncio del plan de estabilidad y el programa de
reformas del gobierno se traduce de manera inmediata en un nuevo varapalo para
los españoles. Supone por recortes y mayores ingresos un ajuste por 3.000
millones de euros adicionales: prórroga del recargo especial “solidario” de
IRPF sobre las rentas del trabajo y de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles,
y aumento de los impuestos medioambientales y especiales.
Pero ante
todo, la comparecencia pública del último consejo de ministros hubiera tenido
que ser la propia de un gabinete de crisis, a la luz de los resultados
arrojados por la última Encuesta de Población Activa y de las previsiones que
manejaban los titulares de las carteras económicas. Porque son los datos
macroeconómicos de una debacle sin precedentes: 6 millones de parados, tasa de
desempleo del 27% que, en el mejor de los casos, descenderá al 25% en 2016
cuando, según la prospectiva del ejecutivo, el PIB crezca, no se sabe cómo,
poco más de un 1%; mientras que la deuda pública ya habrá alcanzado casi el
100% de este indicador.
Todas estas
cifras viajan para su supervisión a Bruselas, que concede un aplazamiento de
dos años a Madrid – y París – para el cumplimiento del objetivo del 3% de
déficit. Lo cual se celebra en algunos medios como una incipiente reorientación
de Eurolandia, una aparente tregua en sus políticas restrictivas de
«consolidación fiscal». Pero no hay que llevarse a equívocos, la artillería
pesada se pone en «reformas estructurales» que, invariablemente, serán más
traumáticas que cualquier ajuste, y en España pasan por meter mano a la
jubilación y a las pensiones con la introducción del «factor de sostenibilidad»
como camelo para justificar la inviabilidad del sistema público de pensiones.
Mariano Rajoy
ha pretendido quitar hierro al cuadro presentado por su equipo económico y ha
calificado de realista exponer los números rojos a la ciudadanía. Saca pecho
ante lo que podría suponer su sentencia en las próximas citas electorales, a
las que concurrirá en su haber con 1,3 millones de puestos de trabajo
destruidos, según su propia estimación, superando con creces la «herencia
recibida».
Tal actitud,
denunciada con estupor por la propia órbita mediática del PP como de
resignación ante la fatalidad de un gobierno que cuenta con mayoría absoluta,
no debería hacer perder el detalle: Rajoy miente una vez más. Ciertamente, no
son previsiones las suyas que pequen de optimismo para el próximo trimestre;
pero hablar de recuperación económica dentro de tres años es engañar
deliberadamente. Pese a las miríadas de arbitrios y remedios para conjurar el
paro que regalan legiones de plumillas, tertulianos, expertos y voces críticas
de su partido, Rajoy es conocedor del fondo del asunto: no existe nuevo modelo
productivo que reemplace al ladrillo para el relanzamiento de la economía ni
condiciones objetivas para que se produzca mejoría alguna ni en 2016 ni en
2018. Ni sector capaz de revertir la tendencia a la caída del consumo y la
inversión: el sector público aparece embarrancado por la austeridad
presupuestaria dictada por Eurolandia, a la par que mantiene el lastre
autonómico y le permite aún mayor endeudamiento para este ejercicio. Poco se
puede esperar del sector privado y su raquítico tejido empresarial en acelerada
descomposición, débil de por sí por su pequeña estructura y baja productividad
y diezmado por el cerrojazo crediticio de una banca parasitaria… Y de la
panacea exportadora, nada de nada: se dirige mayoritariamente a un área
deprimida como la eurozona, a la que el FMI pronostica recesión con la
consiguiente contracción de la demanda. Y aquellas exportaciones que se
destinan allende los mares, lo hacen bajo una moneda demasiado fuerte, el euro,
troquelada a conveniencia del BCE y la UE, que no facilita ventaja competitiva
alguna en los mercados exteriores.
Los grandes
aparatos sindicales del juancarlismo, UGT y CCOO, con ocasión de su reaparición
obligada como oficiantes de la vacía liturgia del primero de mayo, han
caracterizado la situación de «emergencia nacional» y han clamado por un «pacto
nacional por el empleo». Pero a esta catástrofe han contribuido ellos con su
complicidad y apoyo a las políticas de estabilidad, competitividad y
convergencia con Europa que han supuesto el desmantelamiento global de
cualquier resorte de potencial económico en todos los sectores y la condena al
paro en masa de los españoles.
El Rey ya ha
ofrecido sus servicios para auspiciar pactos por encima de intereses
particulares, siglas e ideologías apelando a su papel arbitral y moderador en
una iniciativa que trata de restituir la imagen de la Corona borboneando. Por
el momento, el gobierno de Rajoy, no cede a las presiones ni a la voluntad
general demoscópica y sólo cuenta con los «agentes sociales». Pero, no debe
descartarse que de acometer nuevas reformas estructurales, tal y como exige
Eurolandia, se realicen con el concurso del resto de los partidos de la
monarquía y actores económicos en el contexto de un gran acuerdo “nacional”,
una especie de reedición de los pactos de la Moncloa, que sirva para prestigiar
el liderazgo de este régimen en crisis. Que de imponerse, caerá a plomo sobre
los asalariados, funcionarios, autónomos, pequeños empresarios, parados y
pensionistas.
A estas
alturas, se ha desvanecido el mito del PP como partido de gestores eficaces y
queda en evidencia, una vez más, las patrañas de su programa electoral con el
que engatusaron a sus votantes: con los ganchos del crecimiento económico y su
compromiso con el empleo que, a la primera de cambio, machacaron con una
reforma laboral, en línea con sus predecesores del PSOE, para hacernos llegar
hasta aquí, con más de 6 millones de compatriotas en la intemperie.
Pero es falso
que el gobierno del PP esté formado por ineptos. «Saben lo que hacen»: salvar y
sanear los enclaves del gran capital en apuros, como la banca y las cajas, y
propiciar en un momento de depresión económica las condiciones necesarias para
maximizar el beneficio a costa de los trabajadores mediante reformas
estructurales, como la reforma laboral y la de las pensiones en ciernes, y la
redimensión del aparato asistencial del Estado y de redistribución de la
riqueza, para que, en el largo plazo, el capital pueda catapultarse en un nuevo
ciclo expansivo.
Estamos en
estado de emergencia nacional desde hace seis años, cuando estalló la crisis y
lo seguiremos estando dentro de otros seis más, si los trabajadores, esto es la
mayoría de los españoles, no nos movilizamos, no para defender derechos en
retroceso, sino para conquistar un nuevo estatus sacudiéndonos de encima la
hegemonía del gran capital y sus malditos ciclos económicos, cuyas etapas de
recuperación y auge sólo representan un escalón previo para preparar una nueva
devastación, aun más profunda si cabe, en la próxima recesión y vuelta a
empezar.
Romper con
este círculo vicioso implica la defenestración de las oligarquías políticas,
sindicales, financieras y oligopolistas de la monarquía juancarlista, únicas
responsables del desastre, para instaurar una República española que quiebre la
subordinación al FMI y a la Eurolandia de la UE y el euro, y recupere nuestra soberanía nacional y
nuestra soberanía económica para alumbrar un nuevo modelo productivo de
potencia basado en el rearme industrial y tecnológico, acometido por un
vigoroso sector público dentro de un plan de socialización de sectores
estratégicos y del sistema financiero en una banca pública nacional. Lo demás
es pedirle peras al olmo.
Eduardo Núñez
