No es la primera vez que hablo de la justicia. Los últimos desatinos judiciales invitan a la reflexión. En el uso de mi libertad de expresión, he de confesar que no creo en la justicia, no creo que sea ciega y menos aún que sea imparcial. Existen grandes profesionales y algunas excepciones, pero la excepción solo confirma mis peores presagios. Hechos similares como los sucedidos en la librería Blanquerna o los protagonizados por la portavoz del ayuntamiento de Madrid y sus distintas resoluciones judiciales, hacen que mi desconfianza hacia la justicia esté más que justificada.
Al interminable cúmulo de despropósitos se une ahora la sentencia dictada por el caso del instituto Nóos. Hechos sucedidos hace unos once años y donde están involucrados miembros de la familia Real Española, como la Infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin, un expresidente autonómico y exministro como Jaume Matas y alguna que otra personalidad más. El tribunal ha tardado once meses en dictar sentencia, donde ha sucedido prácticamente de todo. Desde meter en la cárcel al principal valedor de la acusación particular, Miguel Bernard, un hombre de más de setenta años y con una madre anciana de más de cien, escuchas no sé si legales o ilegales, en España esa línea es sumamente fina y es cruzada con cierta asiduidad y nunca parece estar claro cuando es una u otra cosa, donde personajes allegados al Jefe del Estado emérito, ofrecían dinero con tal de que la acusación particular se retirara de la vista, hasta una sentencia que por lo menos a mí se me antoja corta y ridícula y que hace felices a medios de comunicación en general y sobre todo y muy especialmente a los propios acusados.
La sentencia dictada ha ido más allá de lo razonable al atacar sin piedad a la abogada de la acusación Virginia López Negrete. Está claro que la infanta Cristina no necesitaba abogado defensor, no necesitaba gastarse el dinero en el despacho del conocido bufete catalán de Miquel Roca. Hasta en esto se sienten impunes. No era bastante con elegir un buen despacho, cosa lógica si tu bolsillo, o el de todos se lo puede permitir, era necesario que además un miembro de la casa Real Española eligiera a un separatista para su defensa. Manda cojones. Pero como decía, siendo esto una cuestión de mal gusto, lo verdaderamente grave e insultante es que para abogado defensor ya estaba la fiscalía.
No, definitivamente la justicia no es igual para todos. En España se es muy exigente a la hora de cumplir sentencias de tribunales extranjeros que suponen la liberación de criminales, etarras, violadores y asesinos y muy laso en el cumplimiento de otras tantas. Todo es ridículo y todo invita a la desconfianza y al desánimo. Comunidades autónomas desobedientes con los dictados del tribunal constitucional, gobiernos secesionistas que se niegan a cumplir sentencias que obligan a proteger a ciudadanos desamparados y que son multados y perseguidos por hablar en español en España. Fiscalías del odio que solo y exclusivamente persiguen al que no piensa igual, al diferente, al políticamente incorrecto y no al agresor, al violento por ser este simpatizante de la izquierda, y claro determinados delitos no están pensados para ser aplicados a ellos mismos.
No, definitivamente no todos somos iguales ante la ley. El diferente criterio, las diferentes sentencias ante hechos similares y la disparidad de penas según el carácter ideológico del acusado, hacen que el ciudadano corriente este cada día más alejado de la administración de justicia. Incompresible que jueces tengan como modelo a exjueces prevaricadores y que se permitan atacar a la acusación particular porque no simpatizan ideológicamente con ellos. La justicia española es reflejo de una sociedad enferma como la nuestra, siempre más pendiente de ayudar al delincuente que de proteger los derechos de las víctimas.
