Nueva Ley de Memoria Histórica: controlar el pasado, para dominar el futuro. Por Fernando Paz
El Partido
Socialista Obrero Español, radicalizado en su lucha por rescatar los votos que
en su día se fueron a Podemos, ha presentado una proposición de ley que
modifica la Ley de Memoria Histórica hoy vigente, también creación suya.
Se trata de una
ley inequívocamente totalitaria, que oficializa los puntos de vista de la
izquierda española como obligatorios. La ley prevé el secuestro de libros, la
cárcel y pérdida de la condición docente para los profesores que la incumplan,
el adoctrinamiento escolar y la inhabilitación y la prisión para los cargos
públicos que obstruyan su aplicación.
Dicha propuesta
incluye, además de las penas de cárcel mencionadas, cuantiosas multas,
inhabilitaciones e ilegalizaciones, y suprime la libertad de expresión en
materia histórica.
En la misma línea
de la ley hoy vigente, contempla, además, la supresión de cualquier alusión a
Francisco Franco en el más insignificante rincón del espacio público. El nombre
de Franco debe ser borrado de la historia.
Un viejo y feo hábito
Borrar ciertos nombres de la historia fue costumbre en
la antigua Roma, pero no solo: egipcios y babilonios ya practicaban la
eliminación de determinados episodios y protagonistas del pasado para
acomodarlos a las necesidades del presente.
Pero lo que mesopotámicos y egipcios tenían por
costumbre, los romanos lo elevaron a la categoría de arte. Es lo que conocemos
como “damnatio memoriae”, la condena del recuerdo, aunque realmente tal
expresión no existía en Roma; en su lugar se hablaba de “abolitio nominis”, que
consistía en suprimir toda referencia en inscripciones. monumentos o edificios,
a la persona que se deseaba eliminar.
Durante largos siglos, sin embargo, este tipo de
prácticas se volvió poco usual. Podía interpretarse y reinterpretarse la
historia, pero no se utilizaba la supresión como método.
La inspiración estalinista
Hasta llegar al siglo XX, en que el refinamiento
pareció alcanzar su culminación durante el estalinismo. Nombres e imágenes de
los protagonistas de la historia de la revolución fueron eliminados; las
fotografías, las películas y los nombres de Trosky y los trostkistas, primero,
y luego los de Kamenev, Zinoviev, Bujarin, Tujachevski, Radek, Tomski, Rykov…
A Stalin no le interesaron tanto otros periodos
históricos. Ciertamente, promovió revisiones literarias y
cinematográficas referidas al pasado ruso; por ejemplo, se rescató la ominosa
figura de Iván el Terrible, o se elevó a la categoría de héroe a Alexander
Nevski; un científico no podía defender la herencia genética y un escritor
podía perder la vida si incurría en determinadas faltas, pero a Bulgakov se le
permitió publicar “La guardia blanca” y el propio Stalin acudió a la
representación teatral de la obra, “Los días de los Turbin”, hasta en 16
ocasiones.
En lo que se centró Stalin fue en el episodio
revolucionario, porque de ahí arrancaba su legitimidad. La supresión de la
generación revolucionaria, la de la clandestinidad y la que hizo Octubre con
Lenin, la de la guerra civil, la NEP y el comunismo de guerra, dejaba a Stalin
como el único hombre a la altura de Lenin. No era casualidad que las efigies de
ambos fueran exhibidas juntas en los desfiles, actos públicos y que presidieran
las vidas cotidianas de los soviéticos.
Lo imaginó Orwell
No cabe duda de que el estalinismo fue la inspiración
de Orwell a la hora de escribir “1984”, novela distópica
en la que el pasado se reconstruye una y otra vez a conveniencia del poder,
hasta suprimir todo atisbo de objetividad incluso en lo referente a los
recuerdos.
La idea de Orwell de que quien controla el presente
controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro, está muy
presente en toda la obra legislativa que hoy conocemos como “memoria
histórica”, que permite al poder rehacer el pasado a conveniencia.
Como Orwell le hace decir a O´Brien: solo lo que
ocurre en la mente tiene una realidad. El poder bien puede permitirse ignorar
los hechos: si controla las mentes, tras una adecuada depuración e
interpretación de la historia, lo que realmente aconteciera en el pasado carece
de importancia. Si todos lo creen, entonces sucedió.
La ideología no necesita ni de la verdad ni de la
realidad. Como en su modelo orwelliano, la ley prevé la creación de una
Comisión de la Verdad que parte de apriorismos históricos perfectamente falsos;
una comisión que, en lo esencial, ya ha emitido su juicio antes de
investigación alguna.
Victimización
En el caso de la memoria – como en otros muchos – esta
tuvo por prólogo la habitual campaña de victimización. Imprescindible para
pulsar la tecla de la emotividad, la victimización se basó en medias verdades
sostenidas por las habituales perífrasis estudiadas para prender en la opinión
pública: evocaciones de las cunetas, del derecho a la memoria, de la exigencia
de enterrar a los muertos propios, de la justicia y la humanidad…
La desvergonzada manipulación de los sentimientos
apenas fue advertida, y muchas personas de buena fe coincidieron en que los
fines que se pregonaban eran plausibles. En realidad, solo constituían la
excusa para prestigiar la causa desde una teórica perspectiva de justicia
distributiva. Lo que había tras ello solo era la primera fase de una
venganza largamente planeada.
Aunque al principio el discurso dominante equiparaba a
todas las víctimas, pronto se superó esta fase y pudo acometerse el objetivo
real. Hoy, una década más tarde, las víctimas de las que se ocupa la ley sólo
son las de un bando; mientras a estas se las honra de forma pública y oficial,
todos los crímenes cometidos por ese bando son sistemáticamente silenciados,
explicados con un abierto aire justificativo o banalizados, cuando no jaleados
sin disimulo sin que ello merezca el menor reproche penal.
En la versión del proyecto de ley socialista, las
víctimas pueden servir para abrogar de facto la Ley de Amnistía de 1977, de la
que se dice que “no será obstáculo para que se otorgue la mentada reparación
integral a la víctima.” De hecho, está previsto que se indemnice a quienes
“lucharon por la democracia” desde 1968 lo que, eventualmente, podría incluir a
reos de terrorismo.
Una Ley de Amnistía, la de 1977, que en su momento
reclamaron socialistas y comunistas como prueba de las intenciones
democráticas y reformistas del gobierno de Suárez y que hoy, cumplida su
función desde el punto de vista izquierdista, es denunciada sin el menor sofoco
por sus beneficiarios.
La mentira como basamento
Desde hace más de dos décadas, han proliferado las
condenas institucionales al golpe “fascista” del 18 de julio contra la
legitimidad del gobierno republicano. Ni la realidad ni la verdad juegan aquí
papel alguno: el golpe no fue fascista, y tampoco existía legitimidad alguna en
el gobierno republicano de 1936.
Ninguno de los principales actores de la sublevación
de 1936 era fascista en modo alguno. Mientras que Franco, por ejemplo, era un
monárquico conservador, no pocos de aquellos que le acompañaban eran
republicanos y, algunos, incluso estaban cerca de la masonería: Cabanellas,
Queipo de Llano, Aranda, En España, como los pocos fascistas que en ella había
reconocían, no existía oportunidad alguna para el fascismo. Que Franco o que
Queipo de Llano fuesen fascistas es algo que sólo desde un enloquecido radicalismo
izquierdista puede pretenderse.
Y tampoco el gobierno era legítimo, tal y como ha sido
aplastantemente demostrado en un reciente libro de título bien expresivo,
“1936, fraude y violencia”, firmado por los historiadores Álvarez Tardío y
Villa García: las elecciones de febrero de 1936 fueron fraudulentas y,
celebradas en medio de violencias sin cuento, las ganaron en realidad las
derechas. Es decir, que el gobierno del Frente Popular era ilegítimo.
Pero ellos siguen hablando de golpe fascista y de
gobierno legítimo. Ni la realidad ni la verdad les hará desistir de sus
propósitos, porque estos son ideológicos y nada tienen que ver con la verdad.
Ausencia de autocrítica
¿Se ha parado alguna vez la izquierda en España a a
considerar cuál no será la enormidad de su culpa como para haber provocado el
alzamiento de eso tan medroso y pusilánime, tan acobardado, como es la derecha
española, a la que obligó a echarse a las calles, a los campos, a los montes?
Por supuesto que no, porque si algo caracteriza a la “memoria histórica” es la
absoluta ausencia de toda autocrítica por parte de la izquierda.
La autocrítica de la izquierda debería pasar por
admitir que el franquismo fue una versión mitigada de aquello en lo que la
izquierda revolucionaria y republicana obligó a convertirse a la derecha.
Por eso, quizá lo más sangrante de todo el asunto es
que se permitan la condena y persecución obsesiva de Franco quienes, desde su
pretendido olimpo moral, son los herederos de aquellos que protagonizaron
aquello mismo de lo que acusan a Franco, pero corregido y aumentado; de
aquellos que se rebelaron contra la legalidad en muchas ocasiones, en 1917, en
1930, en 1934, en 1936, de aquellos que asesinaron a cuatro presidentes de
gobierno en 75 años: una especie de récord Guinness del crimen y el golpe de
Estado que no parece frenarles.
Pues estos son quienes, sin haber pedido perdón ni
reconocido culpa alguna, insisten en la maniática condena de Franco y su
régimen, falsificando de modo obsceno la historia de nuestro pueblo.
“Vaporizar a Franco”
Como en “1984”, Franco está siendo “vaporizado”;
desaparece de la historia para reaparecer como una especie de sombra maléfica
que contamina todo lo que toca. Lo que estas leyes hacen de nuestro pasado
no tiene nada que ver con la realidad de un personaje histórico llamado
Francisco Franco y que gobernó España durante casi cuatro décadas.
Franco, que se resistió a sublevarse y que solo lo
hizo cuando entendió que no había más remedio; cuando, como escribió Stanley
Payne, era más peligroso no sublevarse que hacerlo; Franco, a quien sus
compañeros en el alzamiento llamaban “miss Canarias 1936”, por lo esquivo de su
compromiso ante la sublevación; Franco, que cuando le propusieron la rebelión
ya en diciembre de 1935 se negó a considerarlo; Franco, que defendió la
república y la legalidad cuando fue llamado por el gobierno para ello, es
condenado a la desaparición del espacio público de un modo hasta ahora
desconocido en la historia de España.
El proyecto socialista lleva las cosas hasta el punto
de obligar a la eliminación de todo símbolo, cualquiera que
sea el coste que eso represente, incluso los que lleven en cementerios más de
80 años.
Una brutal represión
De salir adelante la proposición socialista tal y como
está formulada, impedirá que nadie exprese en público una opinión que pudiera
ser considerada favorable a Franco o a su régimen: para “quienes enaltezcan o
justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el
franquismo” hay abundantes disposiciones punitivas, que incluyen cárcel y
multas de generosa cuantía. Es decir, que hacer una valoración positiva del
franquismo, de algún periodo del mismo o de algún hecho, u obra, o acto, o iniciativa
anterior a 1978, te puede llevar a la cárcel. Se tipifica, pues, el delito de
opinión.
Así mismo, cualquiera que, en el curso de una
investigación, extraiga una conclusión que pueda favorecer a dicho régimen se
expone a penas de prisión y a cuantiosas multas. Es decir, que se limita el
derecho a la libre investigación, clave del conocimiento científico. No solo
eso: la ley también estipula la destrucción de libros y documentos que
incumplan la ley.
El profesorado será adoctrinado en materia de memoria
histórica, que será incluida en el currículo escolar en forma trasversal en
primaria, secundaria y bachillerato. Si con carácter general las
infracciones a la ley se castigarán con multa de hasta 150.000 euros, en el
caso del personal docente se impondrá, además, la pena de inhabilitación
especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente,
deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años.
Tampoco los funcionarios se libran: el funcionario que
vote contra la aplicación de la memoria en su ámbito, y de cuyo voto se
desprenda el incumplimiento de la ley, “será castigado con la pena de prisión
de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses
y con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el
ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”
Comisarios de la memoria
Para un desarrollo y una aplicación más efectivos de
la ley, la proposición de ley elaborada por el PSOE cuenta con la
participación activa de las asociaciones de la memoria, organizaciones que
no han hecho ningún secreto de su sectarismo.
Dichas organizaciones han venido desarrollando una
labor beligerante en extremo en lo tocante a la reconstrucción de la “memoria”
de la guerra civil y el franquismo; partiendo desde un sonrojante maniqueísmo
han llegado a hacer profesión de fe de su republicanismo militante,
desentendiéndose de todo lo que suponga contrariar sus apriorismos, reacomodando
el pasado a los intereses del presente, una y otra vez.
La proposición de ley socialista les otorga un espacio
central en el cumplimiento de la ley, y puede contarse con que, dotadas
económicamente como cabe presumir, cumplirán con su misión delatora a plena
satisfacción.
Fernando
Paz
